La memoria.

Luis Brox, excelente fotógrafo, filmó el proceso de exhumación de 11 cuerpos de asesinados en Viguera, pueblo de La Rioja, durante 1936 ( La foto de mi perfil es obra suya y de esos días). Tuve el honor y la suerte de participar de una forma activa en esos trabajos, lo que me permitió tratar personalmente a las auténticas víctimas, que son los hijos e hijas huérfanos. Aún se me pone la carne de gallina al recordarlo y hoy Luis Brox, como decía, nos ha enviado su trabajo editado que podéis ver en YouTube y en Flickr. Aquí os dejo los enlaces y una muestra:

http://www.youtube.com/watch?v=pAUsgmi4K7s

http://www.youtube.com/watch?v=GPnWEK_LTWk

http://www.youtube.com/watch?v=3DYcV6kON1c

http://www.flickr.com/photos/39539412@N03/

Esto no me lo dice usted en la calle.

La Señora Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha hecho estas declaraciones tan surrealistas y tan parecidas a esos señores que se oponen al Proyecto de Ley de la Memoria sin haberse leído una sola página ( Ver aquí:http://cesar.lasideas.es/?p=1301)

http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&cpn=1276315219

L D (EFE) En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas, Aguirre se refirió al borrador de la futura Ley, que incluye la obligatoriedad a las administraciones de retirar los símbolos franquistas que aún queden en las calles y edificios de los municipios.

Para Aguirre, "una ley de Memoria Histórica impuesta por un gobierno es un síntoma de totalitarismo como pocos se han visto jamás" pues, a su juicio, resulta "absolutamente intolerable" que el presidente Rodríguez Zapatero "o la mayoría parlamentaria que le apoya, que me da igual, decidan imponernos la Memoria", algo que considera "individual y particular" y que cada persona puede tener "como le parezca oportuno". [Respuesta: La señora Aguirre considera la ley "impuesta por el Gobierno" y lo califica como signo de totalitarismo. Se le ¿olvida? a la señora condesa que el proyecto de ley se está debatiendo en el Congreso, se están presentando enmiendas y si tiene mayoría se aprobará, sino no, ya que este Gobierno no tiene mayoría absoluta. Podríamos tirar de la manta y recordar cómo fue el envío de tropas españolas a Iraq, las privatizaciones, los presupuestos, etc de los últimos cuatro años del Gobierno Aznar.]

La presidenta madrileña ha manifestado que esta ley será "la guinda de la legislatura" de Rodríguez Zapatero, cuyo único objetivo, ha dicho, es "dividir a los españoles y acabar con todos los consensos". Se ha mostrado, en cambio, partidaria de restablecer "la concordia, cuyo espíritu en la Transición española se hizo de manera modélica" y ha exigido al Estado que no trata de "imponernos la Memoria" que, ha dicho, se basa en hechos históricos. [ Consenso.(Del lat. consensus). 1. m. Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos. (Diccionario de la RAE) Consensuar NO es lo que hacen ustedes respecto a las decisiones policiales y judiciales sobre el atentado terrorista islamista de aquel fatídico día 11 de marzo. Y respecto a la concordia democrática de su tan cacareada Transición, decirle que recuerde donde estaban algunos de los miembros de su partido, como por ejemplo, y yo si doy nombres, el señor Aznar.]

Aguirre ha admitido que su deseo sería que el Gobierno "no siga removiendo" las cuestiones que han "dividido" a los españoles sino que, por el contrario, recupere el espíritu de la Transición. [ Si esto se hubiese hecho en 1978 y ustedes, los "liberales" lo hubiesen permitido, ahora no estaríamos en este trance.] Recordó que 70 años después del régimen franquista [¿Estamos en el 2045, o se refiere al golpe de estado del 18 de julio de 1936?] no se debe decidir sobre "quiénes fueron los buenos y quiénes fueron los malos" en la historia de España, porque los primeros "serían las víctimas de esta ley, los republicanos asesinados, fusilados o despellejados por otros" o "los anarquistas fusilados por los socialistas o los comunistas por los anarquistas" y así sucesivamente. [ Me lo explique. O sea que a los que aún están en las cunetas de las carreteras, o en fosas comunes o basureros los mataron los rojos. (sarcasmo)Claro, por eso Franco no los sacó como a los de Paracuellos.(fin del sarcasmo)]

Por su parte, Zaplana ha calificado de "insólito" que "los que mejor han vivido en el franquismo" pretendan ahora "dar lecciones de democracia a quienes no han tenido ninguna prebenda". [ El pobre "Jetaplana" lo pasó muy mal en tiempos de Franco ya que no había "solarium's" para todos ni clínicas con Botox]

Un día después de que el proyecto legislativo pasara el trámite de ponencia en la Comisión Constitucional, Zaplana ha reiterado en rueda de prensa en la Cámara Baja que esa ley es "del todo innecesaria". [ Ahora en serio señor Zaplana, mándeme un correo electrónico y le pongo en contacto con los descendientes directos (hijos e hijas) de los que aún están desaparecidos y luego me cuenta]

Ha señalado que el franquismo ya ha sido condenado, que algunas de las leyes que pretende derogar la nueva norma ya lo fueron con la Constitución y que la "reparación" de las víctimas ya ha sido realizada. [¿Qué leyes fueron derogadas con la Constitución? ¿Se cuestionó la última decisión del dictador al tener que tragarnos al borbón?¿Qué reparación a las víctimas? La única que ha habido, y cuantiosa durante la etapa de gobierno PP, ha sido a la UGT para que firmaran las Reformas Laborales que han firmado. Ni tan siquiera a la CNT que era mayoritario.]

Zaplana considera que si quedaba algún aspecto pendiente de reparación, "nadie hubiera opuesto ningún impedimento" para que se llevara a cabo, pero no mediante una iniciativa como ésta, que sólo busca "instrumentalizar políticamente" esa etapa de la reciente historia de España.[ Por eso no se abre ningún proceso judicial de investigación al aparecer restos humanos con signos de violencia, agujeros de bala y casquillos. Por eso el Gobierno ,ni en este Proyecto de Ley se plantea la anulación de los juicios, ni el colaborar con la apertura de fosas.]

Tras subrayar que la ley de la memoria va a provocar "enfrentamientos, divisiones y tensiones" donde tenía que haber convivencia, Zaplana ha apuntado que, al margen del interés político, algunos cargos del PSOE aspiran a lavar su "mala conciencia".

Sin querer aportar nombres concretos, ha sostenido que "muchos" de quienes promueven el proyecto, o sus familias, tuvieron "privilegios" durante la dictadura.[ ¡Qué jeta el señor "Jetaplana"! No sé cómo serán los del P$oe que promueven esto, pero está muy feo eso de tirar la piedra y esconder la mano. Recuerde que hasta los de Falange se reunieron con la Comisión Interministerial. De todos modos, ustedes los "liberales" son unos auténticos mártires. La República se comía a sus hijos y vendía carne de liberal al peso y durante el franquismo se morían de hambre. Menos mal que llegó la "democracia" y pudieron jugar al paddel, especular con "terras míticas" y comprar el Botox en garrafones.]

Por eso, no ha dudado en criticar a quienes se beneficiaron del franquismo y ahora pretenden "reabrir enfrentamientos" [ ¿Está hablando de Aznar, Fraga, Mayor Oreja...?] y volver la vista atrás al pasado, cuando la sociedad lo que quiere, ha asegurado, es "mirar al futuro y vivir en la reconciliación".

70 años del Pacto de Santoña.

De Kaos en la Red.

70 años del Pacto de Santoña. El acuerdo que marcó el rumbo de la guerra civil.
De la misma forma que llaman la atención sobre el hecho de que no se suscribió en Santoña, sino en la cercana Guriezo, varias voces defienden que tampoco fue un pacto, sino un acto de «traición» del Partido Nacionalista Vasco a la II República.
Mikel Jauregi en Gara (Kaos. Memoria histórica)

EL acuerdo que marcó el rumbo de la guerra

El 24 de agosto de 1937, en la localidad cántabra de Guriezo, dos capitanes de Euzko Gudarostea y varios mandos italianos y españoles de los Flechas Negras suscriben el único documento firmado que se conserva del controvertido Pacto de Santoña, que supuso, en la práctica, el final de la resistencia republicana en el Frente del Norte ante los fascistas.

Mikel JAUREGI

De la misma forma que llaman la atención sobre el hecho de que no se suscribió en Santoña, sino en la cercana Guriezo, varias voces defienden que tampoco fue un pacto, sino un acto de «traición» del Partido Nacionalista Vasco a la II República. 70 años se cumplen de aquel episodio de la Guerra del 36, que finalmente no resultó tal como habían previsto los burukides jeltzales: ni llegaron los barcos necesarios para la evacuación a Lapurdi de la población civil y militar vasca exiliada en Cantabria, ni los italianos cumplieron con su parte porque Francisco Franco lo impidió.

La génesis del llamado Pacto de Santoña se remonta a la primavera de 1937, poco menos de un año después del alzamiento y con Nafarroa, Araba y Gipuzkoa en manos ya de los fascistas. Para entonces, los 28 batallones de Euzko Gudarostea combatían por la legalidad republicana. Lo hacían desde principios de octubre, cuando ya se hubo constituido el primer Gobierno Vasco, con José Antonio Agirre como lehendakari, y después de la aprobación por parte del Parlamento español del Estatuto de Autonomía Vasco.

Una vez caída Gipuzkoa (en Nafarroa y Araba el golpe de estado triunfó entre aquellos 18 y 19 de julio del 36), la batalla se libraba en Bizkaia. Tras el bombardeo de Gernika por parte de la Legión Cóndor, el 26 de abril, se intensifican las iniciativas de los franquistas -personificadas en el general Emilio Mola- para intentar llegar a un acuerdo con los nacionalistas vascos para lograr su rendición y concluir así rápidamente la guerra en el Norte. Esas propuestas reciben la callada por respuesta por boca del PNV y del Gobierno de Agirre, que, por su parte, insisten en reclamar al Gabinete republicano de Largo Caballero el envío de aviones para poder hacer frente a la ofensiva aérea fascista. Esas aeronaves, al menos en el número que consideraban necesario, nunca llegarían.

La destrucción de la villa foral, con su consiguiente golpe moral, provoca la entrada en escena de Italia y el Vaticano, este último en un papel de intermediario importante dado el carácter católico y conservador del PNV. Sólo cuatro días más tarde de que Mola y el propio Franco redactaran una oferta de rendición de ocho puntos que no llegó a su destinatario, el lehendakari -fue enviada desde Roma por el cardenal Pacelli, futuro papa Pío XII-, el 11 de mayo se da inicio a las negociaciones entre el Gobierno italiano y los jeltzales en Donibane Lohizune. En aquella primera reunión participan el cónsul italiano en Donostia, Francesco Cavalletti, y el sacerdote abertzale Alberto Onaindia, que actuó de mediador en todo el proceso.

Ajuriagerra toma el relevo a Agirre

Por aquellas fechas se produce otro significativo hecho. José Antonio Agirre, quien en sus manifestaciones daba la impresión de que no ser partidario de la rendición a los italianos, sino que apostaba por aprovechar esos contactos para trasladar por mar a los gudaris a Lapurdi con el objetivo de que llegasen hasta Catalunya cruzando la frontera y pudiesen seguir combatiendo hasta reconquistar los territorios vascos, es apartado de las conversaciones con los enviados de Benito Mussolini. Su lugar es ocupado por el presidente del Bizkai Buru Batzar, Juan Ajuriagerra, verdadero hombre fuerte del partido pese a que la presidencia del EBB la ostenta el veterano Doroteo Ziaurriz.

El relevo se lleva a cabo en vísperas de la caída de Bilbo, escenario de la primera consecuencia de las conversaciones PNV-Italia. Tres días antes de la entrada de los «nacionales» en la capital vizcaina, con la imagen de Gernika y Durango destruidas aún en la retina de los vascos, Ajuriagerra remite, a través de Onaindia, un mensaje a los hombres del duce en el que les pide que sean salvaguarda de las vidas de la población civil y promete que «nosotros estaremos hasta el último momento para evitar desórdenes».

El 17 de junio, Agirre y su Gobierno abandonan la ciudad ya cercada, al igual que gran parte de la población civil. La Junta de Defensa, siguiendo el sentido del mensaje enviado a los italianos, se encarga de liberar a los presos derechistas -con el argumento de evitar que sean objeto de linchamiento y muerte a causa del malestar generado por los bombardeos indiscriminados- y de proteger infraestructuras y fábricas de voladuras y destrucciones por parte de los batallones de izquierdas y anarquistas. De ese modo, el PNV y el Gobierno Vasco desobedecen la orden directa del ministro de Defensa, el socialista bilbaíno Indalecio Prieto.

Los franquistas entran en la ciudad el día 19, después de superar sin apenas problemas el «Cinturón de Hierro» construido por el Ejecutivo de Agirre. Y lo hacen sin disparar, tras negociar la rendición de los batallones de Euzko Gudarostea que custodian la capital: entre ellos, Itxasalde, Otxandiano, Kirikiño, Malato...

Perdido Bilbo y prácticamente todo el territorio vasco -sólo resiste una pequeña zona de la Bizkaia occidental-, el desánimo cunde en el PNV, hasta el punto de considerar que la guerra está acabada para ellos. Ese sentimiento, que queda reflejado en el famoso manifiesto que Agirre redacta en Turtzioz y en el que promete «volver», sumado a la sensación de abandono que crece en los jelkides como consecuencia de la falta de armamento, precipita los acontecimientos.

Con miles y miles de civiles vascos y lo que queda de Euzko Gudarostea camino de Santander (provincia a la que en aquellas fechas arriban cerca de 200.000 refugiados, de los que el 85% eran vascos. ¿Consecuencias? Hambre, falta de techo y episodios de «caza al vasco» por parte de sectores republicanos que consideraban que los gudaris se la jugaron y les traicionaron en Gipuzkoa y Bizkaia), se lleva a cabo el primer encuentro cara a cara, sin intermediarios, entre Ajuriagerra y una delegación de militares italianos encabezada por el coronel De Carlo.

Si quieres leer más, pincha aquí.

Os voy a contar todo lo que me pasa

Sin palabras.

Mañana a las 16.30 h. se cumplirán 70 años.

http://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeo_de_Guernica
http://www.lexia.com.ar/muere%20ROJO.htm

Declaración Equipo Nizkor

19 de abril de 2007
Declaración ante el "pacto de desbloqueo" de la ley de la memoria.

I) El mismo día que en Europa se decidió considerar delito la promoción o defensa de las ideas nacionalsocialistas, en España se hizo público, a través de la prensa, el "desbloqueo de la ley de la memoria".

El acuerdo al que han llegado es en realidad una forma de promoción de la legalidad franquista y de sus consecuencias. Es evidente que los autores de esta nueva elaboración siguen siendo personas anónimas, pues nadie se hace responsable de las proposiciones conceptuales de filosofía del derecho que se supone soportan la técnica jurídica necesaria para que una ley sea concordante con el derecho interno, con el derecho internacional y con los principios de "ius cogens", todos ellos de obligado cumplimiento por las instituciones estatales. Esto incluye, como no puede ser de otra forma, las leyes aprobadas por el Parlamento.

II) Normalmente, antes de emitir una opinión, esperamos a tener el texto oficial y legal de la proposición de ley o del documento concreto que recoge las expresiones legales que no sólo documentan, sino que dan forma a ese tipo de acuerdos.

Es evidente que ninguno de los medios de prensa que ha informado reprodujo el texto de los acuerdos adoptados para el "desbloqueo de la ley de la memoria". Y no lo han hecho simplemente porque sus artículos tienen la finalidad, no de informar, sino de crear una imagen que induzca al apoyo incondicional de este "fabuloso acuerdo".

Y decimos fabuloso porque en realidad es una fabulación más a las que nos tienen acostumbrados desde que han tenido que hacer frente a la demanda de las asociaciones de víctimas y a las asociaciones de derechos humanos que hemos decido hacer frente a lo que hemos denominado el "modelo español de impunidad".

La fabulación se basa en la utilización de una manipulación lingüística y conceptual que no sería aceptable en un alumno de introducción a la filosofía del derecho, o a cualquier persona con sentido común. Se trata de que el imaginario popular crea que el término "ilegítimo" es sinónimo de "ilegal".

Esto, además de ser una falsedad ideológica en el uso semántico de los términos lingüísticos, es un desprecio a la razón y a las asociaciones de víctimas en la medida que pretenden que tengamos que responder a una irracionalidad conceptual y no al fondo de la cuestión.

Parten de creer que las víctimas del franquismo son "incultas" y "sin formación", y por lo tanto, van a celebrar como un triunfo legal esta manipulación que por arte de birlibirloque convierte lo meramente moral en legal.

II) El acuerdo, cuyo texto encontrarán la final de este comunicado, en uno de sus párrafos bajo el apartado de "reconocimiento general" dice que:

"Como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal y familiar, se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura."

Y éste se complementa con otro artículo del apartado "Declaración de reparación y reconocimiento personal" que dice así:

"Se declara la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos ideológicos o políticos condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones."

"Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad, por vicios de forma y fondo, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, los Tribunales de responsabilidades políticas de la Junta de Defensa Nacional, de la Junta técnica del Estado y el Gobierno y el Tribunal de Orden Público, así como todos los Consejos de Guerra realizados por motivos ideológicos o políticos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la presente ley."

"Igualmente, se declaran ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos o políticos por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución".

Pero además de esta manipulación lingüística formal, el pacto agrega un párrafo que demuestra la mala fe del acuerdo:

"La Declaración a que se refiere esta Ley será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico y no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional. El Ministerio de Justicia denegará la expedición de la Declaración cuando no se ajuste a lo dispuesto en esta Ley".

III) Hay una norma de derecho que hace inválido e ilegal un acuerdo civil, una ley e incluso un acuerdo internacional y es lo que en derecho se denomina "el principio de buena fe".

Pues bien, este acuerdo al que han llegado los grupos parlamentario de IU y el PSOE es inválido e ilegal porque viola este principio de buena fe.

Es obvio que el régimen franquista tiene un origen ilegítimo en cuanto proviene de un golpe de estado, pero este hecho -que es una condición suficiente- no es, por sí solo, el que define la ilegalidad del régimen franquista.

Este régimen fue, es y será ilegal y responsable de actos que se pueden considerar como crímenes contra la humanidad. Pero además, es parte del entramado filosófico y conceptual que promovió el nacionalsocialismo y el fascismo en Europa.

Este acuerdo se basa en un acto elemental de mala fe al querer hacernos creer que si bien es ilegítimo, los actos del franquismo fueron legales y, por lo tanto, el Estado no tiene que asumir las consecuencias y reparar los daños. Pero además viola principios democráticos profundos al dejar abierta la puerta para que se pueda entender que existen golpes de estado "legítimos" frente a un sistema democrático.

Sería bueno que los artífices de esta manipulación conceptual nos explicaran cuáles son los actos que pueden convertir en legítimo un golpe de estado en contra de un régimen democrático y que, según ellos, lo pueden llevar a ser legal.

No es de menor importancia el hecho de que se refieran a "...la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido...", forma eufemística de igualar a los tribunales de la II República, responsables de intentar mantener el estado de derecho y las libertades civiles, con los tribunales militares ilegales de los sublevados. Es un escarnio para todos los jueces y fiscales de aquella época que fueron ejecutados sumaria o extrajudicialmente, pero lo es también para todos los magistrados europeos que tuvieron que hacer frente al nacionalsocialismo, al fascismo italiano, al régimen de Petain o al sistema de legislación racial que se aplicó en el Este de Europa.

Es evidente que este tipo de pensamiento profundamente antidemocrático proviene de las ideas del denominado "decisionismo jurídico" defendido por Carl Schmitt, de amplia difusión en las instituciones académicas y militares del franquismo y que ha pervivido hasta la fecha.

Este principio se basa en sostener que un régimen proveniente de un golpe de estado es legítimo y que la mera legitimidad reemplaza a la normatividad legal.

IV) Este acto de mala fe se complementa con la eliminación del "Consejo de Notables" previsto en los artículos 5 y 6 del proyecto de la llamada "ley de la memoria"; este Consejo sería ahora reemplazado por un certificado expedido por el Ministerio de Justicia al que sólo tendrán acceso, y citamos textualmente, "las personas afectadas y, en su defecto, su cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado".

Es evidente que la propuesta del "Consejo de Notables" que incluye el proyecto del ley del Gobierno, era absolutamente ilegal e indigna de cualquier principio democrático, pero no lo es menos que el Ministerio de Justicia certifique que un ciudadano fue víctima del régimen franquista; peor aún es la determinación por ley de quienes reunen las condiciones para poder requerir este certificado de buena conducta democrática. Obviamente quedan exceptuados los colectivos, las asociaciones que desaparecieron como parte del exterminio y todos aquéllos que no tengan herederos legítimos o, simplemente, no tengan representación alguna.

En realidad lo que se pretende es ignorar el derecho colectivo a la memoria y convertirlo en un acto individual y personal. Esto es concordante con un reconocimiento moral y tiene que ver con los actos privados del perdón. Pero para eso no hace falta una ley porque los actos privados y de conciencia no pueden ni deben ser regulados.

Lo que omiten estos párrafos son el derecho a la justicia y el derecho a la verdad como una obligación del estado de derecho.

V) Este acuerdo incumple las normas internacionales de derecho humanos, viola el derecho internacional y viola la igualdad ante la ley, dándose la circunstancia de que si se mantiene este criterio, las víctimas del franquismo y sus descendientes no tendrán derecho a la justicia y el Estado se negará por ley a asumir sus responsabilidades frente a las violaciones graves de los derechos civiles y los derechos humanos.

VI) Por último, debemos remarcar una vez más que este tipo de proposiciones tienen un componente adicional que demuestra la mala fe y es el reducir el inventario de cuestiones pendientes relacionadas con las víctimas del franquismo a la única cuestión de los juicios sumarísimos, desconociendo de hecho y de derecho todas las reclamaciones que están recogidas en el "Plan de Acción" que fue incluido oportunamente en el documento "La Cuestión de la Impunidad en España y los Crímenes Franquistas", hecho público el 14 de abril de 2004, así como en la declaración "Entre la cobardía moral y la ilegalidad", donde se ratifican todas las declaraciones temáticas y que ha sido apoyada por la práctica totalidad de asociaciones del estado relacionadas con la problemática de la impunidad franquista.

Resulta vergonzoso tener que recordar a los Grupos Parlamentarios que han llegado a este acuerdo que el inventario de problemas pendientes no es arbitrario, no viola la actual constitución y es concordante con el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho interno y las normas imperativas de "ius cogens".

Ocultarlo aplicando lo que hoy se denomina la "técnica del ninguneo", no tendrá como efecto el que desaparezcan los problemas pendientes y, mucho menos, las obligaciones legales del estado que, antes o después, éste deberá asumir.

No puede ser de otra forma en un estado de derecho, dado que las características de los crímenes cometidos por el régimen franquista reúnen las condiciones de imprescriptibilidad reconocidas incluso por el Tribunal Europeo de Derecho Humanos en una fecha tan cercana como el 17 de enero de 2006.
Madrid, 19 de abril de 2007
Gregorio Dionis, presidente del Equipo Nizkor
[Nota documental: El texto completo del documento que recoge el pacto lo pueden encontrar en: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/memoria.html

No hay atajos: Verdad, Justicia y Reparación

Comunicado de la Federación Estatal de Foros por la Memoria sobre el acuerdo alcanzado entre PSOE e IU-ICV en relación de la “Ley de Memoria”.

Tras conocerse el acuerdo entre los grupos parlamentarios del PSOE e IU, que desbloquea la tramitación del Proyecto de Ley de Memoria Histórica y, por lo tanto, con la debida prudencia y reservas, a la espera de conocer más profundamente los términos exactos del acuerdo y, más adelante el texto definitivo de la Ley, desde la Federación Estatal de Foros por la Memoria hacemos las siguientes consideraciones:

En primer lugar, celebramos cada avance como un éxito del movimiento social por la recuperación de la memoria en nuestro país, en el cual participan, desde diferentes ámbitos, las asociaciones memorialistas, las de Derechos Humanos, y las de represaliados, sus familiares y amigos. No sólo es mérito de este movimiento haber puesto este asunto en lugar central de la agenda política, sino que su rechazo al texto original presentado por el Gobierno en Julio de 2006 y los argumentos críticos expuestos a la sociedad civil, y asumidos por gran parte de ella, han forzado la modificaciones que fueron explicitadas en el día de ayer.

En segundo lugar, se trata de un acuerdo alcanzado entre dos grupos parlamentarios sobre el futuro texto de la Ley que no ha sido apoyado por el resto de grupos en el Congreso de los Diputados y que, por lo tanto, todavía no ha sido aprobado ni tiene ninguna vigencia.

A la espera, como decimos, de un conocimiento más concreto y exhaustivo de los términos del acuerdo que modifican el proyecto original, realizamos las siguientes consideraciones iniciales:

Valoramos positivamente determinados elementos, tales como:
La supresión del lamentable preámbulo, que igualaba con el tratamiento de “bandos en conflicto” a golpistas y a defensores de la legalidad democrática.
La sustitución de dicho preámbulo por una condena explícita del golpe de estado del 18 de julio de 1936 y de la dictadura franquista.
La desaparición de la esperpéntica “Comisión de Notables”.
La supresión del artículo 25.3 sobre el tratamiento documental y archivístico que implicaba plenas garantías de anonimato para los verdugos.

Sin embargo, esta Federación considera que, independientemente de que haya o no una Ley integral de Memoria Histórica, el centro de la cuestión es si se va a aplicar de una vez en España la normativa internacional sobre Derechos Humanos (crímenes de guerra, de lesa Humanidad, desapariciones forzadas, inhumaciones ilegales, etc.), o si, por el contrario, nuestro país va a seguir manteniendo lo que en el lenguaje internacional de los Derechos Humanos se conoce como el Modelo Español de Impunidad.

Consideramos que para que el Estado Español se inscriba y normalice de hecho en el marco internacional del cumplimiento de la legislación de Derechos Humanos debe partirse de la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, tal y como ha hecho el Parlamento de la Argentina con sus leyes de Punto Final y de Obediencia Debida.

La justicia española, aplicando criterios de extraterritorialidad, lleva años procesando a autores y responsables de crímenes contra la Humanidad en países del Cono Sur americano. Nos permitimos recordar que coincidiendo con los años de máximo rigor de la represión en Argentina o Chile, por ejemplo, en Estado Español se torturaba a los antifranquistas en la Dirección General de la Seguridad de la Puerta del Sol, en Via Laietana y en muchos otros cuartelillos y comisarías; se fusilaba mediante sentencias emitidas por consejos de guerra ilegítimos, sin que se respetasen las más elementales garantías procesales, sustentándose en pruebas y testimonios obtenidos por medio de la tortura; se cometían crímenes de estado como los de Montejurra y Vitoria. Todos estos casos deben considerarse como crímenes de lesa humanidad, y por esta naturaleza, jamás prescriben

No podemos aceptar la manipulación terminológica a la que nos quieren someter con la declaración de “ilegitimidad” de las sentencias o de los tribunales franquistas. Esa manipulación esconde una realidad: las sentencias no se anulan. Serán los interesados o sus familiares los que tendrán que instar a los actuales Tribunales para que las anulen y ya el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de rechazar varias peticiones que se le han presentado. La humillación llega a tal extremo que quienes deseen anular su sentencia tendrán que contratar, a su costa, los servicios de abogados y procuradores y todo ello sin la certeza de que, al final, la anulación llegue a producirse.

Debe ser la Ley la que anule las sentencias, esas a las que el presidente del Tribunal que, paradójicamente, no anuló la que condenó a Julián Guimau calificó como “acto estremecedor para la conciencia jurídica” y rebajó la categoría de esa presunta decisión judicial a la de “apariencia de sentencia”.

No renunciamos a que se anulen todos los actos represivos del franquismo, no sólo las sentencias de las que ahora se habla, sino también el resto de actos represivos tales como depuraciones de funcionarios, incautaciones de bienes, multas, etc.

Del mismo modo, seguiremos siempre en contra del certificado de buena conducta que ahora se pretende otorgue, en lugar de la Comisión de Notables, el Ministerio de Justicia. No queremos certificados sino el cumplimiento íntegro del Derecho Internacional de los Derecho Humanos con sus tres pilares fundamentales: verdad, justicia y reparación.

Los ciudadanos represaliados del Estado Español no se merecen el denigrante trato de realizar una búsqueda, tanta veces imposible, de aquellos documentos que se encuentran en los archivos públicos para demostrar su condición de víctimas del franquismo. Esto conculca todos los principios democráticos de los que tanta gala se hace desde las instituciones públicas.

Asimismo, a la espera de conocer con más detalle los términos del acuerdo echamos en falta aspectos fundamentales e innegociables, tales como:

Una Ley integral de Exhumaciones, dado que es inadmisible que el estado siga haciendo dejación de su responsabilidad y trasmitiendo la misma a asociaciones de memoria y familiares, en lo que se ha dado en llamar la “privatización de la verdad”.

La adopción de medidas que permitan en un corto plazo de tiempo la eliminación de todos y cada uno de los monumentos, nomenclatura y toponimia franquistas cuya pervivencia, que ya dura 70 años, supone una constante provocación, humillación e insulto a la memoria de centenares de miles de luchadores por la libertad, represaliados por la dictadura, y a sus familiares.

Los monumentos y los nombres de las calles no son “historia” aséptica. Por el contrario, significan reconocimiento, así como apuesta por la socialización de los valores y principios representados por los homenajeados. Creemos que la pervivencia de calles dedicadas a siniestros personajes, como Yagüe, Queipo de Llano o Millán Astray, es inaceptable por una sociedad democrática en el siglo XXI.


En resumen, esta Federación Estatal de Foros por la Memoria reitera su exigencia y apuesta en defensa de la aplicación íntegra y sin subterfugios de la legislación de Derechos Humanos en España, y desde este planteamiento y con ese objetivos orientará en el futuro su desarrollo organizativo, su propuesta programática y sus acciones reivindicativas concretas, tal y como ha venido haciendo hasta hoy, independientemente de cómo resulte al final de su tramitación, el texto definitivo de la Ley.



Federación Estatal de Foros por la Memoria
19 de Abril de 2007