

Extractos de un texto publicado por primera vez hace 160 años.
...
A los comunistas se nos reprocha también que queramos abolir la patria, la nacionalidad.
Karl Marx y Friedrich Engels - "El manifiesto Comunista" - (1848)
"...And my soul from out that shadow that lies floating on the floor Shall be lifted—nevermore!"


Karl Marx y Friedrich Engels - "El manifiesto Comunista" - (1848)

¡Qué alegría! Estamos todos los españoles llenos de alborozo al saber que por fin han seleccionado al jurado para ponerle letra al actual himno nacional. Como no tenemos que preocuparnos de las hipotecas, la subida de los precios de los alimentos básicos ni de la precariedad laboral pues estamos todos expectantes a que nos cambien el españolísimo “chunda, chunda” por algo más patrio y racial. Y, además, se lo encargan a la prestigiosa Sociedad de Autores y Editores de España ( SGAE), que como toda empresa (o sindicato) española está "enciscada" en turbios asuntos de dinero. En fin, esto son cosas que solo pasan en España.
Pero hagamos un poco de memoria respecto al actual himno.
La llamada Marcha Real (actual himno nacional) es de origen incierto, habiendo unas fuentes que aluden a un regalo del rey prusiano Federico II a Carlos III en el siglo XVIII. Hay que esperar hasta 1853 para encontrar una Real Orden que prescribe que sólo se toque como pieza ceremonial de rendición de honores a la Corona la marcha “vulgarmente conocida con el nombre de granadera”.
Sin embargo, el Himno de Riego se considera el primer himno nacional de nuestra historia. La letra es obra de Evaristo San Miguel. En cambio de la música no se conoce bien su autoría, aunque Vicente Blasco Ibáñez lo atribuye al maestro Gomis. Fue declarado Himno Nacional por las Cortes en 1822.
Este Himno era el elegido por el pueblo español en todas sus revoluciones liberales hasta 1931, año en que las Cortes de la recién instaurada II República lo asumen, de nuevo, con Himno Nacional. Tras el Golpe de Estado militar contra la República, en el mal llamado bando “nacional”, el General Franco impuso la “Marcha Real” que llegó a convertirla en Himno Nacional en 1947, con la proclamación de España como “reino vacante”. Posteriormente vino la llamada Transición y con ella una democracia representativa y monárquica que mantiene todos los símbolos que “El enano de Ferrol” había impuesto durante los 40 años de sangrienta dictadura.
Que usted sólo haya conocido el mismo Himno Nacional durante su vida y piense que ha sido así desde los reyes godos, que usted no sepa que hubo vida en España antes que usted aparte de “El Cid” y Santa Teresa, que usted no sepa que en las democracias se eligen a los jefes de Estado y en las dictaduras no, eso es sólo problema de usted. Tiene libros a su alcance, tiene audiovisuales (vídeo, televisión, radio), tiene internet. Si usted quiere seguir siendo un ignorante feliz yo no se lo voy a impedir. Bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos llenarán la Tierra.
A continuación podrá leer la letra oficial del Himno de Riego y debajo verá unos enlaces hacia la página de Wikipedia y España Roja en la que encontrará más información y distintas letras.
(Autor: Evaristo de San Miguel Valledor)
Serenos y alegres
valientes y osados
cantemos soldados
el himno a la lid.
De nuestros acentos
el orbe se admire
y en nosotros mire
los hijos del Cid.
Soldados la patria
nos llama a la lid,
juremos por ella
vencer, vencer o morir.
El mundo vio nunca
más noble osadía,
ni vio nunca un día
más grande el valor,
que aquel que, inflamados,
nos vimos del fuego
excitar a Riego
de Patria el amor.
Soldados la patria
nos llama a la lid,
juremos por ella
vencer, vencer o morir.
La trompa guerrera
sus ecos da al viento,
horror al sediento,
ya ruge el cañón
a Marte, sañudo,
la audacia provoca
y el ingenio invoca
de nuestra nación.
Soldados la patria
nos llama a la lid,
juremos por ella
vencer, vencer o morir.
España Roja: http://er.users.netlink.co.uk/lp/riego.htm
Himno de Riego en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Himno_de_Riego

Ante el próximo debate parlamentario de la Ley no llamada de Memoria, hacemos públicas una serie de reflexiones y aportaciones, dirigidas al conjunto de la sociedad, al Gobierno, a los Partidos con representación parlamentaria y a los colectivos de Memoria Histórica, de Derechos Humanos, y asociaciones de víctimas del franquismo:
Incluso saludando los posibles avances que al final de la tramitación del proyecto pudieran darse en aspectos concretos tales como la retirada de la simbología franquista, políticas públicas activas de memoria, políticas de reparación e indemnizaciones a colectivos de represaliados, etc…, tendremos que analizar y valorar cómo queda el texto definitivo y si se establecen garantías y medios para su cumplimiento efectivo.
Apoyamos la propuesta de condena formal por el Parlamento del régimen franquista y de la sublevación de Julio del 36, pero nos preguntamos: ¿va a ser exigible la condena del franquismo y de la sublevación del 18 de Julio a los titulares de las instituciones, algo que por cierto jamás ha hecho ni se ha exigido al actual Jefe del Estado?. ¿Se va a legislar contra el revisionismo y el negacionismo histórico, tal y como se ha hecho en países democráticos y avanzados como Canadá, Alemania, Austria y Gran Bretaña?.
Sin embargo, si hacemos un análisis del Proyecto de Ley que se va a debatir en el Parlamento resulta evidente que el proceso que se inició con la constitución de la llamada Comisión Interministerial ha fracasado. Sus resultados serán insuficientes, si no contraproducentes, porque se ha partido y trabajado sobre unas bases falsas, y unos objetivos y límites autoimpuestos incompatibles con el cumplimiento de la normativa internacional de Derechos Humanos.
Y es que el núcleo del debate, lo que aquí se trata en el fondo, es dilucidar por cuánto tiempo más va a pervivir el llamado “modelo español de impunidad”. La respuesta que se nos da con el actual proyecto de Ley es un apuntalamiento, que pretende ser definitivo, del sistema instituido con la Ley de Punto Final (perdón, de Amnistía) de 1977, para impedir el conocimiento de la Verdad, para imposibilitar la aplicación de la Justicia, y para negar, otra vez más, la Reparación a la que tienen derecho irrenunciable las víctimas del franquismo.
Este Proyecto de Ley tiene un elemento central que lo hace “ser o no ser” aceptable para los represaliados y víctimas, organizaciones de Derechos humanos y de recuperación de la Memoria, y para una sociedad democrática consciente: la anulación sin matices de las sentencias emanadas de la legislación represiva del franquismo.
Como se ha dicho y escrito en muchas otras ocasiones, las sentencias franquistas son nulas de pleno derecho por dos grupos de motivos fundamentales:
1.La manifiesta Ilegitimidad de origen de las instituciones que surgidas del golpe de estado del 18-7-1936, legislaron, juzgaron, condenaron y ejecutaron dichas sentencias.
2.El cúmulo de irregularidades procesales que llevaban aparejados los procedimientos judiciales y las sentencias franquistas: manifiesta indefensión, parcialidad de los tribunales, ausencia de las más básicas garantías procesales, “pruebas” obtenidas o fabricadas mediante la delación y la tortura, imposibilidad de apelar a instancias jurídicas superiores independientes, etc….
La ilegalidad de estas sentencias debería ser una obviedad para un país que se considera a sí mismo civilizado, y que según su propia Constitución está obligado a aplicar la normativa y la legislación internacional de Derechos Humanos, muchos de cuyos convenios ha suscrito y ratificado. Sin embargo, comprobamos como en este tema la mayor parte de países de lo que se da en llamar “tercer mundo”, nos puede dar lecciones.
La anulación de las sentencias de la legislación represiva franquista no se recoge en el proyecto de Ley original hecho público por el Gobierno, ni en el acuerdo llamado de “desbloqueo” negociado por los grupos parlamentarios socialista y de IU-ICV. La Federación Estatal de Foros por la Memoria entiende que la renuncia a anular por Ley las sentencias franquistas supone de hecho y de derecho la legitimación del franquismo, y el reconocimiento explícito de su incardinación en el actual sistema jurídico y político.
No es difícil de entender: el día posterior a la aprobación de la Ley por el Parlamento, todas y cada una de las sentencias por rebelión militar (por ejemplo) que recayeron sobre los defensores de la legalidad democrática republicana seguirán siendo sentencias firmes. Para este viaje no eran precisas alforjas.
La declaración formal de “ilegitimidad” que se acordó en el llamado “acuerdo de desbloqueo” no pasa de ser un gesto para maquillar la legitimación de facto. Pero una declaración formal no puede en ningún caso tener el mismo rango jurídico y político que la anulación legal que se pretende por todos los medios evitar por el Gobierno.
En los últimos días han aparecido diversas iniciativas, introducidas por prestigiosos juristas y asumidas en diversos manifiestos públicos, con el fin de promover una reconducción del acuerdo anteriormente citado: se pretende que el texto definitivo de la Ley incluya la obligación de promover por parte de la Fiscalía General del Estado la revisión de las sentencias franquistas, entendemos que después de retirar la competencia o jurisdicción a la Sala de lo militar del Tribunal Supremo. En nuestra opinión esta opción no pasa de ser un subterfugio de muy difícil aplicación (1), aparte de la legitimación de facto que supone la no anulación
por Ley.
Declaraciones y manifiestos aparecidos en los últimos días inciden en que una Ley de Memoria es imprescindible. La tibieza (por llamarla de alguna manera) del Gobierno; las renuncias y los compromisos adquiridos por sus aliados; el mero rechazo, el oportunismo, el escepticismo de otras fuerzas políticas… hacen que se extienda la opinión, propiciada desde algunos medios de comunicación, de que la Ley debe salir adelante y los términos en que lo haga pasan a ser secundarios.
Es el momento de los posibilismos, de “mejor esto que nada” o “es que la derecha está muy fuerte”. Algunos utilizan hoy los mismos argumentos que llevan treinta años lamentando pública y reiteradamente haber asumido y aceptado.
La Federación Estatal de Foros por la Memoria ha manifestado repetidamente que considera indispensable se legisle de manera urgente sobre tres aspectos fundamentales:
1.Reconocimiento público, así como reparaciones e indemnizaciones de carácter material, para las víctimas del franquismo, incluyendo el olvidado colectivo de los guerrilleros antifranquistas. Aquí la avanzada edad de muchos de los represaliados/as motivan tal urgencia.
2.Una Ley de Archivos acompañada de la necesaria racionalización y dotación de medios que garantice el derecho de acceso a la Verdad a estudiosos, víctimas y familiares.
3.Una Ley Estatal de Exhumaciones que solucione la aberrante situación actual, donde el estado se inhibe de cumplir sus obligaciones y compromisos con la normativa internacional de Derechos Humanos, procediendo a una “externalización de servicios” y convirtiendo el problema de las fosas comunes del franquismo en campo abonado para oportunistas y “cazatesoros”. Asimismo es preciso se garantice la intervención judicial en todas las exhumaciones para evitar la destrucción de pruebas de lo que, no olvidemos, son crímenes contra la Humanidad imprescriptibles por definición: inhumaciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas…
Como decimos al principio, creemos que la Ley que se va a aprobar finalmente está abocada al fracaso por la falta de valentía y consecuencia del Gobierno, la connivencia de la oposición mayoritaria con la dictadura y sus crímenes, y el posibilismo de otras fuerzas políticas.
Tal y como se dice en la “Carta abierta del Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado” (2) :
“Allá el Gobierno socialista y los Partidos con su responsabilidad política y moral de no haber sido capaces -más de 30 años después de la desaparición del Dictador- de poner fin al deshonor de una Democracia que valida los crímenes de la Dictadura”….
“Allá ellos si sólo son capaces de proponer una declaración general de “ilegitimidad” de los procesos judiciales franquistas. Los responsables de tal cobardía tendrán que asumirla ante los españoles y la historia.”
La Federación Estatal de Foros por la Memoria felicita al grupo de ERC por la integridad y firmeza demostradas, hasta el día de hoy, en la asunción y defensa de muchos de los planteamientos expresados por las asociaciones memorialistas.
La Federación Estatal de Foros por la Memoria se reafirma en su compromiso con el documento "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas", elaborado por el Equipo Nizkor (3).
Tal y como titulábamos un documento de nuestra Federación hecho público el pasado 20 de abril, reiteramos: No hay atajos: Verdad, Justicia y Reparación. (4)
Federación Estatal de Foros por la Memoria
Septiembre de 2007
Notas:
(1) Se pretende retirar la capacidad de bloqueo a Herrero-Tejedor (hijo), para darle la capacidad de iniciativa a Conde-Pumpido (hijo y nieto). Nos tememos que aunque cambien los personajes se mantendrá el argumento de la tragicomedia.
(2) http://www.foroporlamemoria.info/noticia.php?id_noticia=2251
(3) http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/impuesp.html
(4) http://www.foroporlamemoria.info/noticia.php?id_noticia=1410

Ante el próximo debate parlamentario de la Ley no llamada de Memoria, hacemos públicas una serie de reflexiones y aportaciones, dirigidas al conjunto de la sociedad, al Gobierno, a los Partidos con representación parlamentaria y a los colectivos de Memoria Histórica, de Derechos Humanos, y asociaciones de víctimas del franquismo:
Incluso saludando los posibles avances que al final de la tramitación del proyecto pudieran darse en aspectos concretos tales como la retirada de la simbología franquista, políticas públicas activas de memoria, políticas de reparación e indemnizaciones a colectivos de represaliados, etc…, tendremos que analizar y valorar cómo queda el texto definitivo y si se establecen garantías y medios para su cumplimiento efectivo.
Apoyamos la propuesta de condena formal por el Parlamento del régimen franquista y de la sublevación de Julio del 36, pero nos preguntamos: ¿va a ser exigible la condena del franquismo y de la sublevación del 18 de Julio a los titulares de las instituciones, algo que por cierto jamás ha hecho ni se ha exigido al actual Jefe del Estado?. ¿Se va a legislar contra el revisionismo y el negacionismo histórico, tal y como se ha hecho en países democráticos y avanzados como Canadá, Alemania, Austria y Gran Bretaña?.
Sin embargo, si hacemos un análisis del Proyecto de Ley que se va a debatir en el Parlamento resulta evidente que el proceso que se inició con la constitución de la llamada Comisión Interministerial ha fracasado. Sus resultados serán insuficientes, si no contraproducentes, porque se ha partido y trabajado sobre unas bases falsas, y unos objetivos y límites autoimpuestos incompatibles con el cumplimiento de la normativa internacional de Derechos Humanos.
Y es que el núcleo del debate, lo que aquí se trata en el fondo, es dilucidar por cuánto tiempo más va a pervivir el llamado “modelo español de impunidad”. La respuesta que se nos da con el actual proyecto de Ley es un apuntalamiento, que pretende ser definitivo, del sistema instituido con la Ley de Punto Final (perdón, de Amnistía) de 1977, para impedir el conocimiento de la Verdad, para imposibilitar la aplicación de la Justicia, y para negar, otra vez más, la Reparación a la que tienen derecho irrenunciable las víctimas del franquismo.
Este Proyecto de Ley tiene un elemento central que lo hace “ser o no ser” aceptable para los represaliados y víctimas, organizaciones de Derechos humanos y de recuperación de la Memoria, y para una sociedad democrática consciente: la anulación sin matices de las sentencias emanadas de la legislación represiva del franquismo.
Como se ha dicho y escrito en muchas otras ocasiones, las sentencias franquistas son nulas de pleno derecho por dos grupos de motivos fundamentales:
1.La manifiesta Ilegitimidad de origen de las instituciones que surgidas del golpe de estado del 18-7-1936, legislaron, juzgaron, condenaron y ejecutaron dichas sentencias.
2.El cúmulo de irregularidades procesales que llevaban aparejados los procedimientos judiciales y las sentencias franquistas: manifiesta indefensión, parcialidad de los tribunales, ausencia de las más básicas garantías procesales, “pruebas” obtenidas o fabricadas mediante la delación y la tortura, imposibilidad de apelar a instancias jurídicas superiores independientes, etc….
La ilegalidad de estas sentencias debería ser una obviedad para un país que se considera a sí mismo civilizado, y que según su propia Constitución está obligado a aplicar la normativa y la legislación internacional de Derechos Humanos, muchos de cuyos convenios ha suscrito y ratificado. Sin embargo, comprobamos como en este tema la mayor parte de países de lo que se da en llamar “tercer mundo”, nos puede dar lecciones.
La anulación de las sentencias de la legislación represiva franquista no se recoge en el proyecto de Ley original hecho público por el Gobierno, ni en el acuerdo llamado de “desbloqueo” negociado por los grupos parlamentarios socialista y de IU-ICV. La Federación Estatal de Foros por la Memoria entiende que la renuncia a anular por Ley las sentencias franquistas supone de hecho y de derecho la legitimación del franquismo, y el reconocimiento explícito de su incardinación en el actual sistema jurídico y político.
No es difícil de entender: el día posterior a la aprobación de la Ley por el Parlamento, todas y cada una de las sentencias por rebelión militar (por ejemplo) que recayeron sobre los defensores de la legalidad democrática republicana seguirán siendo sentencias firmes. Para este viaje no eran precisas alforjas.
La declaración formal de “ilegitimidad” que se acordó en el llamado “acuerdo de desbloqueo” no pasa de ser un gesto para maquillar la legitimación de facto. Pero una declaración formal no puede en ningún caso tener el mismo rango jurídico y político que la anulación legal que se pretende por todos los medios evitar por el Gobierno.
En los últimos días han aparecido diversas iniciativas, introducidas por prestigiosos juristas y asumidas en diversos manifiestos públicos, con el fin de promover una reconducción del acuerdo anteriormente citado: se pretende que el texto definitivo de la Ley incluya la obligación de promover por parte de la Fiscalía General del Estado la revisión de las sentencias franquistas, entendemos que después de retirar la competencia o jurisdicción a la Sala de lo militar del Tribunal Supremo. En nuestra opinión esta opción no pasa de ser un subterfugio de muy difícil aplicación (1), aparte de la legitimación de facto que supone la no anulación por Ley.
Declaraciones y manifiestos aparecidos en los últimos días inciden en que una Ley de Memoria es imprescindible. La tibieza (por llamarla de alguna manera) del Gobierno; las renuncias y los compromisos adquiridos por sus aliados; el mero rechazo, el oportunismo, el escepticismo de otras fuerzas políticas… hacen que se extienda la opinión, propiciada desde algunos medios de comunicación, de que la Ley debe salir adelante y los términos en que lo haga pasan a ser secundarios.
Es el momento de los posibilismos, de “mejor esto que nada” o “es que la derecha está muy fuerte”. Algunos utilizan hoy los mismos argumentos que llevan treinta años lamentando pública y reiteradamente haber asumido y aceptado.
La Federación Estatal de Foros por la Memoria ha manifestado repetidamente que considera indispensable se legisle de manera urgente sobre tres aspectos fundamentales:
1.Reconocimiento público, así como reparaciones e indemnizaciones de carácter material, para las víctimas del franquismo, incluyendo el olvidado colectivo de los guerrilleros antifranquistas. Aquí la avanzada edad de muchos de los represaliados/as motivan tal urgencia.
2.Una Ley de Archivos acompañada de la necesaria racionalización y dotación de medios que garantice el derecho de acceso a la Verdad a estudiosos, víctimas y familiares.
3.Una Ley Estatal de Exhumaciones que solucione la aberrante situación actual, donde el estado se inhibe de cumplir sus obligaciones y compromisos con la normativa internacional de Derechos Humanos, procediendo a una “externalización de servicios” y convirtiendo el problema de las fosas comunes del franquismo en campo abonado para oportunistas y “cazatesoros”. Asimismo es preciso se garantice la intervención judicial en todas las exhumaciones para evitar la destrucción de pruebas de lo que, no olvidemos, son crímenes contra la Humanidad imprescriptibles por definición: inhumaciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas…
Como decimos al principio, creemos que la Ley que se va a aprobar finalmente está abocada al fracaso por la falta de valentía y consecuencia del Gobierno, la connivencia de la oposición mayoritaria con la dictadura y sus crímenes, y el posibilismo de otras fuerzas políticas.
Tal y como se dice en la “Carta abierta del Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado” (2) :
“Allá el Gobierno socialista y los Partidos con su responsabilidad política y moral de no haber sido capaces -más de 30 años después de la desaparición del Dictador- de poner fin al deshonor de una Democracia que valida los crímenes de la Dictadura”….
“Allá ellos si sólo son capaces de proponer una declaración general de “ilegitimidad” de los procesos judiciales franquistas. Los responsables de tal cobardía tendrán que asumirla ante los españoles y la historia.”
La Federación Estatal de Foros por la Memoria felicita al grupo de ERC por la integridad y firmeza demostradas, hasta el día de hoy, en la asunción y defensa de muchos de los planteamientos expresados por las asociaciones memorialistas.
La Federación Estatal de Foros por la Memoria se reafirma en su compromiso con el documento "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas", elaborado por el Equipo Nizkor (3).
Tal y como titulábamos un documento de nuestra Federación hecho público el pasado 20 de abril, reiteramos: No hay atajos: Verdad, Justicia y Reparación. (4)
Federación Estatal de Foros por la Memoria
Septiembre de 2007
Notas:
(1) Se pretende retirar la capacidad de bloqueo a Herrero-Tejedor (hijo), para darle la capacidad de iniciativa a Conde-Pumpido (hijo y nieto). Nos tememos que aunque cambien los personajes se mantendrá el argumento de la tragicomedia.
(2) http://www.foroporlamemoria
(3) http://www.derechos.org/nizkor
(4) http://www.foroporlamemoria
Estimados amigos y amigas:
Permítanme que me presente: soy una “gallina”, una “gallina” franquista por más señas. Resido desde hace bastantes años (supongo) en la Calle de la Aduana nº4, sobre una de las puertas traseras del Ministerio de Economía y Hacienda, a 100 metros de la Puerta del Sol de Madrid.
Cualquier demagogo-populista pensaría que el animal heráldico representativo del Ministerio en el cual, como anteriormente he dicho aposento mis reales, debería ser el buitre carroñero. Pero no, soy un águila (algunos mal intencionados nos llaman también, a mí y a mis cientos de hermanos que aún campan a lo largo y ancho del solar patrio, “mochuelos”); concretamente, soy el águila de San Juan.
Coincidirán conmigo en que es muy natural que un régimen que nació, se perpetuó y feneció tal y como lo hizo el que muy dignamente represento, recuperase del escudo de los Reyes Católicos el símbolo del autor del Apocalipsis. ¿Qué más explícita representación del franquismo que los cuatro jinetes: hambre, peste, guerra y muerte, la Bestia con su número y la Prostituta de Babilonia?. Algunas veces sospecho que al final me dejaron a mí sola en el escudo por no recargarlo.
El objetivo de esta misiva, que hoy hago pública, es reivindicarme. Si se repasan las páginas web del Ministerio (1), en el apartado que dedican al propio edificio histórico o a los tesoros artísticos que alberga, no se hace de mí ninguna mención. Mucho patio, mucho Sabatini, cuadros de Velázquez y Goya, pero nadie se acuerda de la humilde “gallina” de la calle de la Aduana.
Si se avergüenzan de mí, ¿porqué ninguno de los próceres que en estos 30 años de régimen de restauración borbónica ha ocupado el cargo de Ministro de Economía y/o Hacienda, ha decidido jubilarme?.
Seguro que piensan: “es preferible conservar una discreta “gallina” en la parte trasera que, como pasa con el Ministerio de Defensa, el lateral del edifico dé a una calle dedicada a un militar golpista y notorio criminal de guerra” (2).
¿Y porqué se avergüenzan de mí?. Que sigan el ejemplo de Gallardón, que acaba de decidir la ampliación y reforma (por supuesto, manteniendo el nombre) del auditorio dedicado al célebre “Carnicerito de Málaga”. Aún recuerdo cuando aquel prohombre era Director General de Seguridad, (sí, aquí mismo, al otro lado de la Puerta del Sol, donde ahora tiene la sede Esperancita), y bajaba personalmente a los calabozos a repartir hostias como panes gallegos (3). Aquellos sí que eran tiempos.
He oído a los funcionarios del Ministerio comentar que el Gobierno ha propuesto una Ley de Memoria en la cual se establecerá la retirada de los símbolos del “régimen anterior”, pero sólo de los edificios públicos. Es lo que pasa con trabajar para el Estado, que no está ni reconocido ni pagado. Por supuesto si me quitan de aquí ofreceré mis servicios a una fundación, empresa privada, arzobispado o archidiócesis.
Últimamente ando preocupada: he visto rondando por aquí a individuos malencarados haciéndome fotos desde diferentes ángulos. El hecho de que ninguno de ellos hablase japonés y que incluso uno llevase un pin tricolor en la chaqueta me hace sospechar que no eran turistas, sino esos masonazos del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid.
Siempre con la misma historia: que si nuestras primas italianas y alemanas hace tiempo que se extinguieron, que si somos una provocación y un insulto permanente para los cientos de miles de víctimas del franquismo, sus familias, y para cualquier demócrata que se precie…
Seguro que pretenden trasladarnos a museos históricos provinciales, o peor aún, a la sala de los horrores del museo de cera con Jack el Destripador, Jarabo y el vampiro de Düsseldorf.
¡¡“Gallinas” de España!!; ¡¡Calles dedicadas a las más excelsas figuras de nuestro acerbo intelectual, como Millán Astray¡!; ¡¡Estatuas ecuestres de Su Excelencia en pose rociera¡!.
Símbolos franquistas todos: Alcemos nuestras voces exigiendo una jubilación digna y honrosa.
Ni siquiera pedimos que nos hagan senadores.
Arturo Peinado
Federación Estatal de Foros por la Memoria
Agosto de 2007
(1) http://serviciosweb.meh.es/apps/museo/y http://www.alexmadrid.es/alcala/aduana.html
(2) El Ministerio de Defensa se encuentra situado en el Paseo de la Castellana 109, esquina con la Calle del General Yagüe.
(3) De la participación personal de Arias Navarro, entonces Director General de Seguridad, en torturas, encontramos el testimonio de uno de los supervivientes del Expediente de Granado y Delgado (1963), en el documental “Una inmensa prisión”, de G. Carnero y C. Ceacero.
El 24 de agosto de 1937, en la localidad cántabra de Guriezo, dos capitanes de Euzko Gudarostea y varios mandos italianos y españoles de los Flechas Negras suscriben el único documento firmado que se conserva del controvertido Pacto de Santoña, que supuso, en la práctica, el final de la resistencia republicana en el Frente del Norte ante los fascistas.
Mikel JAUREGIDe la misma forma que llaman la atención sobre el hecho de que no se suscribió en Santoña, sino en la cercana Guriezo, varias voces defienden que tampoco fue un pacto, sino un acto de «traición» del Partido Nacionalista Vasco a la II República. 70 años se cumplen de aquel episodio de la Guerra del 36, que finalmente no resultó tal como habían previsto los burukides jeltzales: ni llegaron los barcos necesarios para la evacuación a Lapurdi de la población civil y militar vasca exiliada en Cantabria, ni los italianos cumplieron con su parte porque Francisco Franco lo impidió.
La génesis del llamado Pacto de Santoña se remonta a la primavera de 1937, poco menos de un año después del alzamiento y con Nafarroa, Araba y Gipuzkoa en manos ya de los fascistas. Para entonces, los 28 batallones de Euzko Gudarostea combatían por la legalidad republicana. Lo hacían desde principios de octubre, cuando ya se hubo constituido el primer Gobierno Vasco, con José Antonio Agirre como lehendakari, y después de la aprobación por parte del Parlamento español del Estatuto de Autonomía Vasco.
Una vez caída Gipuzkoa (en Nafarroa y Araba el golpe de estado triunfó entre aquellos 18 y 19 de julio del 36), la batalla se libraba en Bizkaia. Tras el bombardeo de Gernika por parte de la Legión Cóndor, el 26 de abril, se intensifican las iniciativas de los franquistas -personificadas en el general Emilio Mola- para intentar llegar a un acuerdo con los nacionalistas vascos para lograr su rendición y concluir así rápidamente la guerra en el Norte. Esas propuestas reciben la callada por respuesta por boca del PNV y del Gobierno de Agirre, que, por su parte, insisten en reclamar al Gabinete republicano de Largo Caballero el envío de aviones para poder hacer frente a la ofensiva aérea fascista. Esas aeronaves, al menos en el número que consideraban necesario, nunca llegarían.
La destrucción de la villa foral, con su consiguiente golpe moral, provoca la entrada en escena de Italia y el Vaticano, este último en un papel de intermediario importante dado el carácter católico y conservador del PNV. Sólo cuatro días más tarde de que Mola y el propio Franco redactaran una oferta de rendición de ocho puntos que no llegó a su destinatario, el lehendakari -fue enviada desde Roma por el cardenal Pacelli, futuro papa Pío XII-, el 11 de mayo se da inicio a las negociaciones entre el Gobierno italiano y los jeltzales en Donibane Lohizune. En aquella primera reunión participan el cónsul italiano en Donostia, Francesco Cavalletti, y el sacerdote abertzale Alberto Onaindia, que actuó de mediador en todo el proceso.
Ajuriagerra toma el relevo a Agirre
Por aquellas fechas se produce otro significativo hecho. José Antonio Agirre, quien en sus manifestaciones daba la impresión de que no ser partidario de la rendición a los italianos, sino que apostaba por aprovechar esos contactos para trasladar por mar a los gudaris a Lapurdi con el objetivo de que llegasen hasta Catalunya cruzando la frontera y pudiesen seguir combatiendo hasta reconquistar los territorios vascos, es apartado de las conversaciones con los enviados de Benito Mussolini. Su lugar es ocupado por el presidente del Bizkai Buru Batzar, Juan Ajuriagerra, verdadero hombre fuerte del partido pese a que la presidencia del EBB la ostenta el veterano Doroteo Ziaurriz.
El relevo se lleva a cabo en vísperas de la caída de Bilbo, escenario de la primera consecuencia de las conversaciones PNV-Italia. Tres días antes de la entrada de los «nacionales» en la capital vizcaina, con la imagen de Gernika y Durango destruidas aún en la retina de los vascos, Ajuriagerra remite, a través de Onaindia, un mensaje a los hombres del duce en el que les pide que sean salvaguarda de las vidas de la población civil y promete que «nosotros estaremos hasta el último momento para evitar desórdenes».
El 17 de junio, Agirre y su Gobierno abandonan la ciudad ya cercada, al igual que gran parte de la población civil. La Junta de Defensa, siguiendo el sentido del mensaje enviado a los italianos, se encarga de liberar a los presos derechistas -con el argumento de evitar que sean objeto de linchamiento y muerte a causa del malestar generado por los bombardeos indiscriminados- y de proteger infraestructuras y fábricas de voladuras y destrucciones por parte de los batallones de izquierdas y anarquistas. De ese modo, el PNV y el Gobierno Vasco desobedecen la orden directa del ministro de Defensa, el socialista bilbaíno Indalecio Prieto.
Los franquistas entran en la ciudad el día 19, después de superar sin apenas problemas el «Cinturón de Hierro» construido por el Ejecutivo de Agirre. Y lo hacen sin disparar, tras negociar la rendición de los batallones de Euzko Gudarostea que custodian la capital: entre ellos, Itxasalde, Otxandiano, Kirikiño, Malato...
Perdido Bilbo y prácticamente todo el territorio vasco -sólo resiste una pequeña zona de la Bizkaia occidental-, el desánimo cunde en el PNV, hasta el punto de considerar que la guerra está acabada para ellos. Ese sentimiento, que queda reflejado en el famoso manifiesto que Agirre redacta en Turtzioz y en el que promete «volver», sumado a la sensación de abandono que crece en los jelkides como consecuencia de la falta de armamento, precipita los acontecimientos.
Con miles y miles de civiles vascos y lo que queda de Euzko Gudarostea camino de Santander (provincia a la que en aquellas fechas arriban cerca de 200.000 refugiados, de los que el 85% eran vascos. ¿Consecuencias? Hambre, falta de techo y episodios de «caza al vasco» por parte de sectores republicanos que consideraban que los gudaris se la jugaron y les traicionaron en Gipuzkoa y Bizkaia), se lleva a cabo el primer encuentro cara a cara, sin intermediarios, entre Ajuriagerra y una delegación de militares italianos encabezada por el coronel De Carlo.
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